Estado de sitio

La Constitución del 67 otorgaba al Poder Ejecutivo, en casos especiales, la facultad de declarar el estado de sitio que servía para poder detener sin orden judicial a la gente y poder prohibir las reuniones públicas.

El art. 79 de la Constitución del 67 decía que el estado de sitio era una disposición para casos muy especiales y, sin embargo, el estado de sitio rigió durante el mandato de Stroessner durante todo el tiempo. Así, de una medida extraordinaria se volvió una medida ordinaria; de una disposición excepcional se volvió normal y permanente contradiciendo a la prédica del gobierno de que se vivía en paz, en orden y seguridad en toda la República.

Por este estado de sitio, el gobierno prohibía todas las reuniones de opositores, por ende era imposible que se organizara la oposición contra Stroessner.

Aunque la Constitución decía que el estado de sitio no interrumpió el funcionamiento de los otros poderes del estado, en realidad el Poder Judicial quedaba totalmente paralizado, cuando se trataba de alguien detenido por el estado de sitio.

La verdad es que el Poder Ejecutivo tenía que firmar un decreto para poder detener a la gente en virtud del estado de sitio, pero esto no se respetaba y las detenciones se hacían por órdenes verbales.

La Constitución exigía una ley que reglamentara el estado de sitio pero dicha ley nunca sancionó, por lo tanto este estado de excepción se aplicaba de una manera arbitraria y discrecional.